La legitimidad de los gobernantes

Ha pasado más de un mes y medio desde mi último post. Disculpas porque mi intención es mantener esto vivo pero algunos problemas de salud me han tenido con poca capacidad para pensar en otras cosas. Nada grave parece pero sí muy fastidiado.

Estos días estaba pensando en con qué tema retomar el blog. Pensé en hacer un resumen de agosto que ha sido bastante más jugoso de lo habitual pero me parecía algo demasiado facilón. Hace un momento un tweet de @marcosdequinto me ha traído la inspiración. Marcos decía:

"Aparte de otras consideraciones formales, da gusto ver votar juntos a los dos grandes partidos contra la dictadura de las minorías."

Es cierto que las minorías han abusado de su capacidad para completar los votos de los partidos mayoritarios para gobernar si bien es discutible a quién atribuir la responsabilidad. ¿A la minoría que abusa o al partido mayoritario que cede a las exigencias con tal de mantenerse en el gobierno? Pero no es este el debate que planteo ahora. Mi punto está en la legitimidad de los gobernantes para tomar cualquier tipo de decisión que no figurase en su programa electoral. El PSOE, en el suyo, no incluía ninguna reforma de la Constitución como la que se está llevando a cabo. ¿Está el PSOE legitimado para acometer semejante cambio sin consultar a sus votantes o a los ciudadanos en general? Está claro que todo el proceso es legal pero mi duda es si es legítimo.

Y no se trata sólo de la reforma en cuestión sino de muchas otras medidas que se están abordando y que, ni de lejos, figuraban en el programa electoral del partido en el gobierno (tampoco en el de la oposición): la subida del IVA, el retraso de la edad de la jubilación, ... La excusa es que la crisis ha cambiado las condiciones de contorno y las medidas que ha habido que tomar no se podían prever en 2008. Es decir, el voto es un cheque en blanco para que se tomen las medidas que se consideren oportunas sin encomendarse ni a dios ni al diablo... todo para el pueblo pero sin el pueblo.

Sí, ya sé que al final de la legislatura podremos votar de nuevo y entonces podremos botar al gobierno por tomar decisiones que no nos han gustado pero no creo que sea como en pleno siglo XXI se deban hacer las cosas. Puestos a hablar de cambios constitucionales habría que meter uno en el que se exigiese que los gobiernos no pudiesen tomar decisiones fuera de su programa que afecten a cuestiones fundamentales (parece que el IVA, las pensiones y el déficit lo son) sin realizar una consulta sobre dichas medidas o sin convocar nuevas elecciones. ¿Que es caro...? Me temo que despreciable en comparación con los rescates de las dos cajas de ahorro que han sido nacionalizadas.

Va siendo hora de una democracia más participativa pero también parece que los partidos no están por la labor. ¡¡¡Claro!!! ¡¡¡ Es que tener que convencer a los ciudadanos sobre medidas impopulares no es fácil!!!

Buen día a todos!