La vista oral del juicio al FGE ha concluido: ¿y ahora qué?

 

La vista oral ha terminado y los magistrados del Tribunal Supremo tienen por delante un reto considerable: dictar sentencia en un caso que ha generado más ruido mediático que certezas jurídicas.

Hasta ahora, ninguno de los testigos propuestos por la acusación ha aportado pruebas concluyentes que demuestren que el acusado filtró el famoso correo. Ni los fiscales, ni Juan Lobato, ni Pilar Sánchez Acera, ni Alberto González Amador, ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid han ofrecido un solo hecho que permita inferir, siquiera de forma indiciaria, que Álvaro García Ortiz fue la fuente de la filtración.

De esta tanda de testigos, lo único que ha quedado claro es que González Amador atraviesa un momento personal complicado y necesita de un psicólogo que le aleje de sus tendencias suicidas. Que Almudena Lastra y el FGE mantienen una relación que dista bastante de poder ser calificada como una buena amistad. Que  Miguel Ángel Rodríguez sigue siendo tan despreciable como siempre.

Respecto al representante del Colegio de Abogados de Madrid, se mostró muy firme en defender la publicación de la nota de prensa, aunque —según tengo entendido— este hecho fue excluido como punible independiente. ¿Podría tener algún efecto como agravante si el FGE fuera condenado por revelación de secretos? Tal vez, pero eso se escapa de mis conocimientos jurídicos.

Los periodistas y el secreto profesional

Después llegaron los periodistas. Uno tras otro afirmaron haber tenido acceso al correo antes que el FGE. Y no hablamos de un testimonio aislado que pudiera generar dudas por sesgo ideológico, sino de seis periodistas que coincidieron en lo esencial y aportaron detalles que dotan de verosimilitud sus declaraciones. Tras ello, todos se acogieron a su derecho constitucional al secreto profesional para no revelar sus fuentes.

Nada nuevo bajo el sol hasta aquí: las declaraciones de todos los anteriores estuvieron alineadas con lo dicho en la fase de instrucción ante el juez Hurtado. Pero la sorpresa llegó con la UCO.

La UCO y las dos sorpresas

No por el contenido —similar al de la instrucción— sino por dos cuestiones que habían pasado desapercibidas (al menos para mí):

1. El alcance del registro: La UCO no se ajustó al periodo temporal fijado por el juez Hurtado. Alegando limitaciones técnicas, se llevaron todo lo que encontraron. Puede que los condicionantes técnicos fueran reales, pero lo cierto es que parece que no pidieron autorización para ampliar el alcance: simplemente lo hicieron.
2. Una frase que lo puede cambiar todo: Uno de los agentes declaró: “Yo literalmente no sabía lo que estaba buscando”. Lo que parece una confesión inocente tiene un trasfondo serio: convierte el registro en una investigación prospectiva, algo prohibido en nuestro sistema.

Paradójicamente, la UCO terminó proporcionando munición a la defensa para sustentar la nulidad del registro.

¿Qué puede pasar ahora?

El TS se ha metido en un buen lío al permitir que la instrucción del juez Hurtado llegara a juicio. Las únicas pruebas son las circunstanciales del informe de la UCO, sin una sola evidencia clara de culpabilidad. Enfrente, las declaraciones coherentes de varios periodistas que confirman haber accedido al correo antes que el acusado, sin contradicciones y con detalles que refuerzan su credibilidad.

¿Invalidar su testimonio por acogerse al secreto profesional? Sería un ataque directo al artículo 20.1.d de la Constitución, que consagra este derecho como fundamental. No tiene sentido que ejercer un derecho constitucional reste valor probatorio.

Por eso, mi pronóstico es claro: la única salida que tiene el TS es declarar nulo el registro del despacho del FGE, lo que invalidaría gran parte del informe de la UCO. Sin ese informe, no hay pruebas suficientes y el FGE debería ser absuelto. Eso sí, la absolución se basaría en un motivo procesal, no en la convicción de inocencia, dejando espacio para que la polémica continúe en el terreno mediático.

No soy experto en leyes, solo tengo el conocimiento modesto de un estudiante de cuearto de Derecho. Tampoco soy analista político más allá  de lo que pueda serlo un ciudadano que se preocupa por mantenerse informado. Tampoco soy infalible en mis predicciones, pero aquí va otra: el FGE será absuelto, y la batalla política seguirá viva. Algún día acertaré.